por Marcos Guevara
La situación de los derechos humanos en la Argentina pasa por un momento crítico.
En las últimas décadas, las prácticas del movimiento de derechos humanos, centradas en las políticas de memoria y justicia respecto al genocidio cometido por la última dictadura cívico-militar entraron en un proceso de gestión gubernamental. La búsqueda de nietos y nietas, la difusión en contenidos escolares, en prácticas artísticas, en actividades celebratorias o la monumentalización de espacios de memoria, tuvo una práctica continua y amplia. Sin embargo, el debate que planteó la gestión de Mauricio Macri acerca del número de desaparecidos creó una tensión que puso en duda no solo los planteos de justicia respecto del pasado, sino incluso el sentido de los sucesos históricos. Titulares como “bombas en jardines de infantes”, “números inventados por organizaciones” o los “excesos en un escenario de guerra sucia” devinieron en una discusión que representó una derrota táctica inesperada. La llegada de una militante del partido militar y defensora de genocidas al poder ejecutivo nacional era una fantasía distópica para cualquier persona más o menos informada 5 años atrás.
El momento actual requiere una mirada a nuestra trayectoria como sociedad durante el período democrático. Respecto de los Derechos Civiles y Políticos podemos enumerar la desaparición en democracia de Julio López, Luciano Arruga, Daniel Solano, Santiago Maldonado, Tehuel de la Torre y Facundo Astudillo Castro, así como el asesinato de Rafael Nahuel y la doctrina Chocobar; la falta de justicia durante décadas para crímenes marcados por la impunidad del poder, como la falta de apertura de archivos del Proceso, el femicidio en Catamarca de María Soledad Morales en 1990, el atentado a la Embajada de Israel en 1992, el atentado en la sede de la AMIA en 1994, la voladura de la ciudad de Río Tercero en 1995 para encubrir el tráfico de armas y los asesinatos policiales del 20 de diciembre de 2001; el ascenso de prácticas policiales cada vez más represivas, incluyendo nuevos sistemas de registro de información personal y de rasgos biométricos; un creciente rol de los aparatos de inteligencia en la dinámica política, donde el caso Nisman, los “cuadernos de Centeno” y la difusión de conversaciones de actores de todo el arco político normalizaron la práctica de operaciones mediáticas desestabilizadoras. En el ámbito de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales podemos hablar de la profundización de una economía de la precariedad trasnacional, con corporaciones como Mercado Libre, Rappi, Globo y Uber destruyendo masivamente los esquemas legales de las prácticas laborales; la extensión de la precarización del trabajo y el crecimiento de la pobreza, incluso durante un período cercano al pleno empleo como el de los últimos años; el pago de una deuda externa usuraria e imperialista, aprovechada por capitalistas y financistas locales; la crisis habitacional, beneficiaria del mercado inmobiliario y que pone en una situación extrema a quienes alquilan. También podemos mencionar una caída en la calidad de los servicios educativos y de salud públicos. A nivel de lo que se conoce como derechos de tercera generación se pueden mencionar crímenes ambientales como la quema de bosques y pastizales con fines inmobiliarios; la fumigación con agrotóxicos a poblaciones rurales; el desalojo de pobladores por el modelo de agronegocios; la contaminación de aguas por parte de sojeros, mineras y petroleras y el intento de uso de acuíferos para emprendimientos mineros que dieron lugar a puebladas en Chubut y Mendoza. Finalmente es necesario señalar los marcados y visibles estándares de vida alejados del consumo popular de gran parte de los representantes políticos y sindicales, que encarnan a esa “casta” que enarbola la gestión libertaria.
Esta apretada y tal vez incompleta síntesis refleja el creciente conservadurismo del progresismo en el poder, que se enfocó en las vías culturales e institucionales para disputar algunos sentidos de la política y eludió profundizar sobre las condiciones de vida de la población y la cada vez más inequitativa distribución de la riqueza. Un síntoma de ese conservadurismo es el extendido fenómeno de puerta giratoria de funcionarios que ya no solo cambian de coalición con facilidad (como Daniel Scioli, ex candidato a presidente y hoy secretario de la gestión libertaria) sino también la circulación en el mundo empresario. El ejemplo más destacado es el de Sergio Massa, ex ministro de economía y candidato a presidente en 2023, hoy empleado de un fondo buitre estadounidense, poseedor de bonos de deuda argentinos. Massa fue presentado como candidato a presidente en 2023, recordemos, durante el acto de reingreso al país de un avión usado por la dictadura para los vuelos de la muerte.
La gestión actual no ha dejado identidades sin interpelar o, para ser más exactos, sin injuriar. Además del cierre de múltiples organismos que implican la presencia y la defensa de colectivos e identidades (INAFCI, INADI, Ministerio de las Mujeres, etc.) se deben resaltar los ataques verbales de Milei y sus funcionarios al feminismo, los pueblos originarios, organizaciones sociales y sindicales, periodistas y a todo el arco de la oposición. Estos discursos violentos y denigrantes tienen además un correlato represivo, ya que el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación implica una limitación del derecho a la protesta, que justamente ejercen dichos espacios.
En esa línea, durante el acto oficial del 2 de abril el presidente Milei usó dos conceptos fuertes. Homenajeó a los “veteranos”, es decir a los suboficiales y oficiales militares en lugar de usar el usual “excombatientes” que incluye a los conscriptos (verdaderos protagonistas y víctimas de la guerra). El segundo fue el uso del término “reconciliación con las Fuerzas Armadas”, una consigna planteada por quienes militan la defensa y cierre de las causas judiciales a genocidas, como la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La emergencia de discursos y prácticas que relativizan o incluso reivindican las prácticas del Proceso representan el realineamiento y la fusión de sectores de derecha y ultraderecha (y sus discursos, sus consignas y sus tácticas), enfrentadas a una ciudadanía desorganizada y de reacción lenta. El debate sobre los 30000 desaparecidos implica una discusión bizantina que prefigura el “zurdos de mierda” de Javier Milei y las políticas del actual gobierno nacional. La intervención de fuerzas armadas en la ciudad de Rosario, el crecimiento de los empleos en el Ministerio de Defensa (a contramano de los despidos en Salud y Educación), la compra de material bélico extranjero en un contexto de crisis económica, la violenta represión a protestas pacíficas y la fuerte presencia policial en organismos públicos indican el horizonte del partido libertario: un régimen autoritario que barra con las conquistas sociales alcanzadas y que gobierne la Argentina en alianza con las corporaciones y los Estados Unidos.
En este contexto, pese a la organización de asambleas populares y de actividades organizadas por trabajadores de organizaciones sociales, trabajadores de la cultura, organismos públicos y de universidades por falta de presupuesto, la respuesta no está a la altura de los desafíos. Una frase metafórica, en uso en estos últimos años, sirve para pensar esta situación. Es aquella de “fingir demencia”. La demencia es un padecimiento grave. Implica problemas emocionales y de comunicación. Fingir demencia implica, justamente, simular no entender y callar, pero ya no desde quien la padece, sino desde un individuo que piensa (y por eso finge) que las condiciones para disputar no están dadas y elige no mostrarse como antagonista o partidario, sino como alguien cuya condición le impide manifestarse. Alguien que deja correr la situación sin controlarla. Hasta que la situación se le va de las manos.
Realizar un balance de nuestro pasado reciente y crear ámbitos de resistencia se vuelven un imperativo para la supervivencia de nuestra sociedad y de nuestras expectativas de un futuro más justo.
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