Libertad para quién

 por Marcos Guevara

18 de enero 

La doctrina de shock que la gestión libertaria planteó desde su asunción el 10 de diciembre tiene como ejes tácticos tres normativas: el DNU 70/2023 Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, publicado en el Boletín oficial el 20 de diciembre; el proyecto Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, presentado al Congreso el 27 de diciembre de 2023 y el primero en ser publicado, el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad oficializada el 14 de diciembre. Estas normativas implican un cambio sustancial en el orden jurídico capitalista argentino, siendo el actor central corporaciones trasnacionales y el capital financiero, en un intento de desregulación de las dinámicas sociales. Esta desregulación se apoya en un marco crecientemente represivo, sustentado jurídicamente por el Protocolo, pero no solo. El protocolo brinda una herramienta legal que analizaré aquí pero debo señalar que sus cambios se sustentan en una avanzada política y cultural que la precede.

Los primeros hechos a tener en cuenta son los discursos negacionistas de las prácticas genocidas de la última dictadura cívico militar. Si bien estos discursos y los aparatos que los sustentan se mantuvieron más o menos operativos durante todo el período democrático (una muestra de ello es la segunda desaparición de Jorge Julio López, el 18 de septiembre de 2006) tomaron una nueva dimensión cuando a partir de 2016 el macrismo se embanderó en su causa, retomando los conceptos de “guerra sucia” y poniendo en cuestión el número de desaparecidos, una discusión que encubre la idea de dar por cerrada las políticas de memoria, verdad y justicia que sostuvieron organizaciones civiles, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y con distintos alcances las gestiones kirchneristas. En esta línea también va el fallo conocido como 2x1 de la Corte Suprema en 2017, que abría la puerta a la liberación de represores. Esta medida dió lugar a una de las movilizaciones más masivas de los últimos años. 

En segundo lugar, un acontecimiento relevante tuvo lugar el 1 de agosto de 2017, cuando la Gendarmería Nacional desalojó un corte de ruta en el departamento Cushamen de la provincia de Chubut. El corte formaba parte de una serie de acciones de una comunidad originaria de la zona contra la empresa italiana Benetton, propietaria formal de más de 900.000 hectáreas en todo el país y que sostiene desde hace décadas distintos conflictos territoriales. Ese día la represión dio lugar a la desaparición de un joven artesano, Santiago Maldonado, que se encontraba apoyando el reclamo. La desaparición de Maldonado desató una fuerte movilización popular en todo el país, que tuvo su punto cúlmine en la multitudinaria marcha que se realizó el 14 de agosto en CABA. En paralelo, la ministra de seguridad Patricia Bullrich y referentes de la gestión macrista realizaron declaraciones públicas descalificando a Maldonado y su desaparición, centradas en una supuesta organización terrorista mapuche, la RAM, que justificaba las medidas tomadas por los efectivos de seguridad. Luego de dilaciones y postergaciones de todo tipo por parte del poder judicial los restos de Maldonado fueron hallados el 17 de octubre, a pocos metros del lugar de la represión. El 25 de noviembre, día en que su cuerpo fue sepultado, la Prefectura Naval Argentina asesinaba por la espalda, luego de una persecución de 4 km por las montañas, a Rafael Nahuel, de 22 años e integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. También en 2017 la gestión macrista impulsó, la doctrina Chocobar a partir del asesinato de un joven desarmado por parte de un policía de CABA.

En tercer lugar podemos señalar, en mayo de 2020 la carta pública firmada por intelectuales y exfuncionarios macristas titulada “La democracia está en peligro”, que señalaba al gobierno nacional como una “Infectadura” en el marco de las medidas tomadas por el COVID-19. Esta carta fue la primera de una serie de manifestaciones de grupos de ultraderecha contra las medidas de aislamiento, acciones que fueron tomando fuerza y que tuvieron como punto cúlmine el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022.

Esta genealogía sintética y apresurada intenta señalar los hitos que configuran el crecimiento de una mayoría electoral hastiada por las medidas de protesta y de las organizaciones sociales que, como señala Pablo Semán, conformaron el crecimiento de la derecha radical que gobierna el país. La ministra de seguridad Patricia Bullrich, ex candidata presidencial, puso el eje de su campaña en “el miedo de salir a la calle, el miedo a que nos maten, (…) a que nos corten las calles, a que bloqueen las fábricas”. La vicepresidenta Victoria Villarruel, militante de la defensa de genocidas ha señalado que Argentina, 1985 es una película “pro-terrorista”. Esos discursos captaron a los votantes de Bullrich y el voto libertario en un sentido expreso. 

El Protocolo publicado es una medida acelerada para dar un marco represivo a las medidas de ajuste del DNU y el Proyecto de Ley Ómnibus. La normativa está dirigida a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para “ofrecerles un marco de certidumbre para su actuación”, esto es, evitar represalias jurídicas contra los excesos represivos y el gatillo fácil. Las manifestaciones y cortes de vías de circulación no son penalizados en caso de actos de violencia contra las personas y la propiedad, sino por el hecho de suceder. En los considerandos, la expresión social colectiva es manifestada como “situación insoportable”. 

Según consigna el comunicado de CORREPI, los puntos principales son:

-Las fuerzas federales deben actuar directamente, sin esperar orden judicial, con el objetivo de liberar la vía pública y con autorización para el uso de la fuerza.

-Ordena identificar y detener “autores, cómplices e instigadores” a través de registros de todo tipo que incluyen datos de líderes y organizaciones vinculadas, así como madres y padres que participen de movilizaciones con sus hijes.

-Señala la posibilidad de demandar organizaciones y personas por daños y perjuicios (una medida destinada a criminalizar la protesta, ya que existe normativa para esos casos, como ya he señalado) e incluso el cobro de los “costos vinculados a los operativos de seguridad” a organizaciones sociales y políticas.   

-Se deroga la Resolución 210/2011 del ministerio de Seguridad, dictada a raíz de la masacre represiva en el Parque Indoamericano en 2002, que establecía algunos límites al accionar de las fuerzas federales en situación de protesta o conflicto social: prohibición de portar armas de fuego con proyectiles de plomo, obligación de exhibir nombre y grado de los funcionarios, intervenir de manera gradual y progresiva, desde el diálogo, con las personas manifestantes.

Estas resoluciones ya se han puesto en práctica. Las manifestaciones contra el DNU y la ley Ómnibus se han visto constreñidas por inmensos y desproporcionados operativos policiales, a la vez que se realizaron cacheos en colectivos y anuncios distópicos por los altavoces de estaciones de tren. Se amenazó con la quita de planes sociales a manifestantes y el Ministerio de Seguridad envió exigencias de dinero millonarias a organizaciones sociales y sindicales por protestas en las que participaron (o no). Como señala CORREPI, estas dinámicas implican un estado de excepción, con suspensión de derechos y garantías. La vocación represiva de esta gestión no solo impacta en la economía, sino que erosiona fuertemente la democracia y a la sociedad que conformamos todes.