FIN DE AÑO DE SHOCK

Por Marcos Guevara

La victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales y su anunciada política de ajuste ponen en tensión la estructura sindical argentina, históricamente la más importante del continente. El fuerte crecimiento de los indicadores de pobreza (40.1% de la población en el último trimestre, INDEC) en una economía que se acerca a una situación de pleno empleo (6,2% de desempleo en el último trimestre, INDEC) muestran la precarización “igualadora” de condiciones y salarios de les trabajadores. En las paritarias que acompañaron el último tramo del ciclo inflacionario algunas ramas alcanzaron o superaron a la inflación, otras no y una gran mayoría quedó por fuera, formalizando el ámbito de desigualdad que distancia al trabajo registrado de la mayoría de la población que subsiste en la informalidad. Esta situación también impacta en la composición sindical: debido a la pérdida de empleo público (despidos y desincentivo durante la gestión macrista y congelamiento realizado durante la gestión Fernández) y al crecimiento del trabajo informal la tasa de afiliación era, en 2021, la más baja en los últimos 30 años: el 41.5% de la población económicamente activa tiene un trabajo registrado y de esta solo un 27% de les trabajadores están afiliados a un sindicato (El Ciudadano, 16 de octubre de 2021). 
Para el análisis, estos dos datos pueden verse como efectos en la población de la crisis de hegemonía que atravesamos, pero resultaría más productivo implicarlos en la genealogía del problema. La pérdida de la identidad de clase trabajadora responde a la dinámica del capitalismo de nuestra época, consolidado la individuación, intentando (y logrando) a cada segundo y en cada click cambiar identidades colectivas por categorías como la del “emprendedor”, la “inversión en uno mismo” o “el trabajo por cuenta propia”. Las condiciones de producción de estos términos son las mismas que socavan la práctica sindical tradicional, sin capacidad ni voluntad de discutir las nuevas formas del trabajo, en organizaciones sindicales enclaustradas, sin apertura a enfrentarse a las nuevas formas de explotación, con referentes sindicales que se presentan como sujetos aislados y privilegiados sin responsabilidades. Ante esta coyuntura histórica tan desfavorable para la organización de les trabajadores se va abriendo el juego en los diferentes ámbitos de organización sindical.  

Las declaraciones por parte del gobierno entrante en la semana anterior al 10 de diciembre y las primeras confirmaciones de ministros dieron lugar a los primeros despidos en la obra pública y en la industria protegida de Tierra del Fuego. La dirección de la UOCRA, cuyo convenio laboral es señalado por el nuevo presidente como un modelo para las relaciones laborales, fue la primera en recibir los golpes de la doctrina de shock. Las direcciones provinciales de la UOCRA se reunieron con las gobernaciones para intentar asegurar la continuidad de la obra pública, que se enfrentará con el “no hay plata” y los recortes en la coparticipación que se implementarán a partir del 11 de diciembre. No se vieron medidas en contra de los despidos efectuados. 
Otro sector que ve amenazada su actividad es el de la economía popular. Si bien el nuevo gobierno plantea no tocar el esquema de asistencia social (que se verá fuertemente golpeada por la devaluación de 120%) afirmó su voluntad de quitarle control a las organizaciones, lo que implica un fuerte golpe a la UTEP y tal vez se vuelva una prenda de negociación con intendentes y gobernadores. Milei señaló en su discurso de asunción que “el que corta no cobra”, en directa alusión a los reclamos de las organizaciones sociales. El nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señaló, en la misma línea, su intención de judicializar la presencia de niñes en manifestaciones, una amenaza sin ambigüedades. Una noticia positiva es que el nuevo secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, juró su cargo electo en la CGT en los últimos días, un dato hasta hace unos años inconcebible. Por otro lado, el Polo Obrero llamó a marchar el 20 de diciembre, una fecha icónica de la historia social argentina.

El panorama desde las centrales sindicales no es mejor. La CGT no articuló medidas para enfrentar estas condiciones ni para construir una sociedad con justicia social. La gravitación de la Central va en caída de la mano de un peronismo derrotado, que no parece haber tomado nota de los cambios sociales, de las nuevas prácticas culturales, de la precarización de la vida de las mayorías y del crecimiento de una ultraderecha a velocidad de vértigo. Dos gestos que ilustran el devenir son el robo del atril en la manifestación del 7 de marzo de 2017 y más recientemente el acto del 1 de mayo de 2023, que se realizó el 2 de mayo (tal vez para aprovechar el feriado) en un nada épico estadio de fútbol. De todas formas, pese a las dudas que generaban en los últimos tiempos las diferencias internas entre los referentes de la Central sindical y la continuidad del triunvirato de Daer, Acuña y Moyano, éste persistió e incluso avanzó en la normalización de las regionales (Mundo Gremial, 27 de septiembre). En la nutrida agenda de reuniones de los últimos días los dirigentes señalaron que «La primera bala no la vamos a tirar nosotros. Por ahora no vemos una confrontación con los gremios» (Infogremiales, 9 de diciembre). Éste es el discurso que la jerga tradicional remite al “desensillar hasta que aclare”. La cuestión es si las estructuras sindicales controlan el caballo, o si se quedaron con la montura y creen que cuando silben el animal volverá contento a su jinete. Ana Flores, periodista de Infogremiales, me señala: “El pensamiento general es que Milei ganó por mucho margen, que son las reglas de la democracia. Otro tema es que hay que esperar a que haya proyectos o medidas formales.” 

Las CTA, por su parte, también han perdido gravitación en las últimas décadas. La relación con el kirchnerismo implicó una dinámica faccional y desintegradora que esmeriló la potencialidad y la visibilidad que la Central supo tener en los 90. Hoy resulta difícil encontrar noticias que la(s) mencionen. En los últimos días y ante los discursos del presidente electo la CTA Autónoma presentó el 6 de diciembre el Monitor de respuestas represivas estatales o paraestatales a la protesta social (CTA-A, 5 de diciembre). Por su parte Hugo Yaski, de la CTA de los Trabajadores, planteó la idea de un frente de unidad donde la CGT ocupe el papel central (AM750, 4 de diciembre).

El ámbito del empleo público y las empresas estatales están en la mira explícita del discurso libertario y las últimas semanas registraron algunos movimientos. Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) advirtió, enfático, a fines de noviembre que si “se quieren cargar” Aerolíneas Argentinas, “nos van a tener que matar” (Infobae, 22 de noviembre). Andrés Rodriguez anticipó que UPCN “no va a entrar en conflicto por el conflicto mismo” y que apuntarán al diálogo (AM750, 5 de diciembre). También que “Se podrán reubicar los empleados, pero no perder las fuentes de trabajo” lo que ya va señalando la baja vara de la negociación en ciernes. Por su parte ATE y sus seccionales mantuvieron reuniones y dieron señales de una dinámica de reacomodamientos frente al contexto. En medio de idas y venidas se anunciaron medidas que se cayeron, como la movilización del 7 de diciembre al Congreso que mutó en un corte de calle y conferencia de prensa frente a la sede de Carlos Calvo. El secretario general de ATE Capital y Secretario Adjunto Nacional de la CTA-T, Daniel Catalano, ofreció una entrevista donde ensayó una autocrítica: “Compré el relato de que había que garantizar la paz social porque si no venía la ultraderecha (...) finalmente hoy no tenemos ni estabilidad laboral, ni recuperación salarial y tenemos a un gobierno de ultraderecha” (Radio Gráfica, 9 de diciembre). Habrá que ver si este análisis implica un cambio de rumbo en el futuro inmediato.

Asambleas del SiPreBA en Télam, Canal 7 y Radio Nacional esta semana. Fuente: @Canal7SiPreBA

A nivel de los organismos hubo acciones previas a la asunción, lo que muestra cierto grado de movilización de base. ATE Senasa anunció un paro de tres días la última semana de noviembre, solicitando regularizar contrataciones, paro que fue suspendido por conciliación obligatoria. En las mismas fechas se realizaron asambleas multitudinarias en TELAM, la TV Pública y Radio Nacional, acompañadas por dirigentes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. En estos encuentros se votaron estados de alerta y movilización. Los organismos de la administración pública, mientras tanto, están en el centro de las medidas de reducción del déficit del gobierno: reducción de dependencias, eliminar el teletrabajo para quienes lo tuvieran y revisión de los contratos del último año. En las semanas previas a la asunción creció la tensión por la renovación de contratos, que se fue canalizando de distintas maneras según el organismo y su nivel de movilización interno.

El anuncio de una devaluación de un 120%, la ausencia de controles de precios y la quita de subsidios a servicios y transporte que se realizarán en enero impactan de manera directa, ya no en las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras, sino directamente en la supervivencia de gran parte de la sociedad. Jorge Macri aplaudió la devaluación y llamó a estar atentos al “hambre en la clase media” (Infobae, 13 de diciembre). En respuesta la CGT publicó un comunicado caracterizando las medidas como un disciplinamiento social y alertando sobre la paralización económica. (CGT, 13 de diciembre). Pero no anunciaron ninguna medida y se mantienen a la expectativa. La CGT, el movimiento Evita y Barrios de Pié anunciaron que no participarán de la movilización del 20 de diciembre, que en estos momentos se refleja en los medios a partir del esquema represivo que preparan el ministerio de seguridad conducido por Patricia Bullrich y el gobierno porteño (elDiarioAR, 14 de diciembre). 
En una coyuntura inédita en nuestra historia, la brutal pérdida de ingresos de la población,  el avance de un esquema represivo y las medidas que favorecen a los grupos económicos concentrados debe poner a la sociedad en alerta. La organización de trabajadores y trabajadoras y la conformación de un sólido colectivo que luche contra la precarización y la pérdida de derechos se vuelve una tarea urgente.